Entrevista a Adriana Calvo de la Asociación Ex detenidos y desaparecidos por razones políticas

Julieta Pacheco

“Se hace de cuenta que se juzga”

SURda

 

 

Razón y Revolución

En 2003 el gobierno de Néstor Kirchner abrió las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Desde ese momento Néstor y Cristina se ubicaron como los máximos defensores de los derechos humanos, reivindicándose luchadores de los ‘70 y apropiándose de esa lucha. En vísperas del 34º aniversario del 24 de marzo, y a casi siete años de la apertura de las causas, entrevistamos a Adriana Calvo, quien realiza un balance sobre la situación actual de los juicios y las falsas posiciones del gobierno al respecto.

JP: Contanos cuál es la participación de la Asociación en el desarrollo de las diferentes causas

AC: Nosotros somos querellantes en las causas en Buenos Aires, La Plata y San Martín, lo que se conoce como zona cuatro, dependiente de Campo de Mayo. En la Plata es lo que se conoce como circuito Camps, que son todos los campos de concentración que dependían de la policía; en Buenos Aires, las dos grandes causas, por un lado Primer Cuerpo del Ejército que abarca todos los casos de Capital Federal menos la ESMA, y la causa ESMA por otro lado. Esta causa se fue subdividiendo, lo mismo pasó con la causa Primer Cuerpo, que tiene un sólo número en el juzgado de instrucción, pero se fue separando según el campo de concentración que se investiga.

JP: ¿A qué se debe la separación de las causas?

AC: Depende. Esta división que te digo es casi natural y en Capital dejar una causa aparte para la ESMA es razonable. Pero, después, de acuerdo a cada zona se fue deformando y comenzó a notarse un proceso de lo que nosotros llamamos “desguace de las causas”, que es muy perjudicial para el objetivo que perseguimos todos, que es que la mayor cantidad de genocidas vayan a parar a la cárcel. El desguace tiene distintos aspectos, pero el más importante es que se separa la investigación: una vez procesado un número de represores dados, tres, cinco, quince, o por un número de víctimas dado, que en general es mucho menor de lo que corresponde ese pedazo de la causa, se eleva a juicio oral. Esto podría parecer razonable si uno está pensando en causas enormes en donde terminar la investigación a fondo de todo lo que ocurrió en un campo de concentración puede llevar años. Sin embargo, no tiene que ver con eso. Nosotros pensamos que tiene que ver con una política, a la que el gobierno no es ajeno. Porque el gobierno tiene, por lo menos, dos formas de oponerse a esa política judicial. Una es a través de los fiscales que, en definitiva, dependen del procurador y el procurador, aunque el gobierno dice que no, depende del gobierno. La otra es a través de la Secretaria de Derechos Humanos, que se ha presentado como querellante en todas estas causas que yo mencioné. Este último es un actor directo, dependiente de presidencia para oponerse a este tipo de política. Sin embargo, nunca se opone.

JP: ¿Por qué pensás que no se oponen?

AC: Yo pienso que el gobierno es parte de esta política. Es impulsor, no digo que el único, porque el poder judicial tiene lo suyo.

JP: ¿Cómo ven ustedes la situación de que, por un lado, se abran las causas en 2003 y, por el otro, que se pongan frenos al avance de estas causas?

AC: Hace casi siete años que se abrieron las causas y creo que es más que suficiente para ver una política, tenemos experiencia suficiente para observar que acá hay una política diseñada para que esto se demore. La contradicción existe. Pero, como siempre, las cosas no son lineales. Sin duda, cuando el gobierno de Kirchner asumió sintió que este era un tema en el cual le convenía actuar y tener una presencia muy fuerte porque, entiendo yo, se dio cuenta de que era un herida abierta en la sociedad, que junto con el desempleo, en ese momento, eran los dos pilares del descontento que llevó al 2001. En este ámbito, en la impunidad de los genocidas decidió jugar muy fuerte. Jugó impulsando la anulación de las leyes de impunidad. De eso no hay ninguna duda. Pero que haya tenido que elegir ese rumbo, es producto de nuestra lucha, de muchos años contra la impunidad; fue lo que provocó que el gobierno tuviera que elegir este aspecto de la vida social y no otro. Estos actos, sumado a actos simbólicos como echar a los marinos de la ESMA, descolgar los cuadros, etc., sirvió para apropiarse de la bandera de los derechos humanos y sostener hasta hoy el discurso de que es el gobierno defensor de los derechos humanos. A su vez, ayudado por una derecha recalcitrante que sostiene que los Kirchner son los montoneros en el poder.

JP: Ellos también se presentan como militantes de los ‘70…

AC: Por supuesto, ellos han hecho uso y abuso de esa herramienta. Se autopresentaron como militantes de los ‘70, perseguidos, representantes de esa generación. Yo creo que uno de los objetivos que perseguían era ganar una base social, porque Kirchner era un total desconocido. Por otro lado, apuntó a quebrar la unidad de los organismos de derechos humanos. Lo que consiguió Kirchner era impensable unos pocos años antes, que fue que un movimiento como Madres de Plaza de Mayo se hiciera oficialista y lo dijera públicamente y aceptara dejar de hacer la Marcha de la Resistencia, pagar la deuda externa, pagarle al FMI, entre tantas otras cosas.

JP: Y en el medio sucede la desaparición de Julio López…

AC: Claro, que te muestra la cruda realidad. Nadie piensa que a Julio López lo secuestró el gobierno, pero sí es cierto que en algún momento decidió que no podía investigar y que le iba a costar más saber quiénes eran los responsables del secuestro y mandarlos a la cárcel que no hacer nada. Es decir, concilió con los grupos residuales de la dictadura, porque nunca estuvo dispuesto ir a fondo. El gobierno usó esto, hizo lo suficiente como para rodearse de un halo de defensor de los derechos humanos y de nuestros ideales, de nuestros compañeros desaparecidos, pero nunca pensó en ir hasta el fondo y eso se junta con la política con la que llevan las causas.

JP: ¿A quiénes hacés referencia cuándo decís “personal residual de la dictadura”?

AC: Gente en todas las fuerzas armadas y de seguridad. Todas las policías provinciales, incluida la bonaerense, la federal, la gendarmería, la prefectura, los servicios de informaciones. En todos lados.

JP: También con los civiles que participaron de la dictadura, como los jueces y como en el caso de Jaime Smart…

AC: Si no se puede avanzar con los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que están directamente relacionados con los hechos, avanzar con los civiles es mucho mas complicado. Acá, centralmente los jueces, con el apoyo del gobierno, lo que hacen es juzgar como delitos aislados. Entonces se apunta quienes fueron las cabezas de las cadenas de mando de aquella época, jefes de campo, por ejemplo o, en el caso de la policía, jefe, subjefe y directores, llegando hasta el jefe de campo. Por supuesto que la inmensa mayoría de estas personas están muertas o tienen una edad que son prácticamente inimputables. Es ahí a donde apuntan los jueces, unos pocos. Además de que son muy pocos y que los hechos se dividen hasta el infinito, hay que reiterar testimonios, los mismos testigos son citados veinte veces. Además de eso, en esa franja están los jefes de cadena de mando de los que eran jefes de zona subzona, jefes de campo y por el otro lado, salvo la excepción de la ESMA, unos pocos casos de los represores que actuaban dentro del campo de concentración. Esto se debe a que los jueces exigen que en todas las causas alguien los haya reconocido. Que un sobreviviente los haya reconocido. Entonces, si pensamos que esto fue un plan sistemático destinado a mantenerse en la clandestinidad, que todos los secuestrados estábamos con los ojos vendados y que los represores no te decían el nombre, que te pidan que los reconozcas es como decir que queden todos sueltos. Esta es la madre del problema de las causas, porque aún desmembradas, podríamos decir, esperemos un tiempo y al final van a estar todos presos. Sin embargo, no sólo están desmembradas, sino que están dirigidas a estas dos franjas. Si bien en el caso de la ESMA no es tan grave, porque muchos compañeros estuvieron destabicados y se conoce el nombre de casi todos los represores, en Campo de Mayo o en el Circuito Camps, donde los prisioneros estaban todos vendados, esto y decir que queden todos libres es lo mismo. Es algo absurdo: en el caso de la comisaría quinta, en La Plata, a pesar de estar comprobado que funcionaba un centro de detención, a los policías que trabajaban ahí no los procesan. Los dejaron fuera de la causa y nunca los llamaron a indagatoria. Solamente están procesados hasta el comisario y tres represores de rango más bajo porque fueron reconocidos por algún sobreviviente, pero es una situación absolutamente excepcional.

JP: Con respecto a la causa de Campo de Mayo ¿cuáles son los problemas con los que se están encontrando?

AD: El mayor problema es el desmembramiento. Campo de Mayo es el ejemplo más claro de esto. Ahí funcionaban tres campos de concentración, al menos. Solamente se está limitando a uno, que es lo que se conoce como “El campito”. Aún dentro de eso, van haciendo causas separadas por víctimas. La primera causa que se elevó a juicio oral fue por dos víctimas: Floreal Avellaneda y su mamá. Es decir, el juez va elevando a juicio de a poco y cuando llegan a tribunal oral las vuelven a juntar. Juntaron un tramo que era de más o menos cincuenta víctimas y cinco imputados. Ese es el mayor problema de Campo de Mayo. También, por ejemplo, llega a juicio oral la causa por un compañero que secuestraron de la fábrica Mercedes Benz y estuvo detenido en Campo de Mayo, pero no se juzga por todos los demás que fueron secuestrados de la fábrica de Mercedes Benz el mismo día, en el mismo operativo. Acá sólo se juzgó por uno y el resto tiene que esperar. Este compañero va a tener que volver a declarar.

JP: Cuando se abren las causas en el 2003, ¿cuáles eran sus expectativas? ¿Creían que se iba a resolver en el corto plazo?

AC: La verdad es que era difícil ver esta situación. Parecía casi un sueño que las causas se reabrieran, fue sorpresivo. El desarrollo de este tema desde el 1997-1998, en esos cinco años, fue muy acelerado. De la impunidad total de la que veníamos con Punto final y Obediencia debida, son casi once años de lucha constante, pero a partir de 1998 cuando se abre el juicio en España empieza a tener mucha transcendencia. Cuando aparecen declaraciones de Astiz acá diciendo que era el mejor tirador. Fue una sucesión de hechos que hicieron que se desarrollara muy rápidamente todo, acompañando el desarrollo de la lucha en nuestro país. El estallido del 2001 de ninguna manera esta desvinculado a nuestra lucha. Ya en 1998 habíamos conseguido la derogación de las leyes. Era un primer paso que dábamos en este sentido. De todas formas era difícil prever que Kirchner iba a abrir las causas. Siempre por supuesto, como producto de nuestra lucha. Cuando conseguimos este triunfo no teníamos un panorama claro de lo que se venía. Nosotros habíamos estado durante muchos años trabajando en la recolección de pruebas, desde 1984 cuando se forma la Asociación. Nuestra línea fuerte no era sólo dar testimonios, sino recopilar pruebas para cuando anularan las leyes, así que dentro de todo nos encontró preparados. Reaccionamos rapidísimo. Vos fijate que el 3 de septiembre se abrió la causa ESMA y Primer Cuerpo y creo que el 8 de septiembre nosotros nos presentamos como querellantes. Inmediatamente conformamos el colectivo ¡Justicia Ya!, colectivo de organismos de derechos humanos, tanto los vinculados directamente con las causas, como de organismos actuales e integrado por partidos políticos y gremios. ¡Justicia Ya! es un colectivo muy amplio y heterodoxo. Hay más organismos de los nuevos que de los históricos. Lo conformamos en octubre del 2003, a un mes de abierta la causa. Ahí ya comprendimos que necesitábamos el colectivo, que estas causas no iban a prosperar si no las impulsábamos desde lo colectivo. Si quedaba sólo en una cuestión de los familiares, sobrevivientes o de los organismos de derechos humanos tradicionales, no prosperarían. Nosotros decíamos que estas causas tenían que ser del pueblo. Sabíamos que después de la derogación de las leyes nos íbamos a encontrar con innumerables piedras para poder avanzar. Por ejemplo, la enorme cantidad de jueces de la dictadura. Era imposible pensar que esos mismos jueces que habían rechazado habeas corpus, que habían sido cómplices de los genocidas, ahora fueran a impulsar nuestras causas. Y una cantidad similar de jueces cómplices de la dictadura, que no habían participado en esa época, pero que eran parientes, amigos y socios.

JP: Que además representan los mismos intereses sociales…

AC: Claro, era imposible que avanzara aún sin contar al gobierno. Porque en ese momento, 2003, no estaba claro cuál iba a ser el papel que jugaría el gobierno. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que con este poder judicial no íbamos a poder avanzar, los fiscales también eran de la dictadura. La primera causa en la que hubo condena fue la causa contra el Turco Julián, el fiscal de la causa es Raúl Perotti, que está acusado por la causa Primer Cuerpo, por haber presenciado torturas. Con ese poder judicial era imposible pensar que esto iba a avanzar. Nosotros sabíamos que sólo iban a avanzar con la lucha y la participación activa de organizaciones sociales, políticas, gremiales y estudiantiles, que aportaran pruebas, que persiguieran a los jueces. Y no nos equivocamos, las causas avanzan a fuerza de lucha. Lo poco que avanzan es a fuerza de lucha y a casi siete años de iniciado el proceso ya sabemos cuáles son los mecanismos que usan para trabarlas.

JP: Siempre se dijo de la dilatación de la causa de Campo de Mayo tenía que ver con un acuerdo político de no entregar al ejército…

AC: Sí, es así. Siempre se dilató mucho y hora está terriblemente fragmentada, por lo cual pensamos que puede haber una fuerte presión. A pesar que hay juzgados sólo son rangos superiores, porque con esta forma de juzgar nunca se va a llegar a los que en ese momento tenían rangos inferiores. Muchos de ellos están en actividad. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de a quién se acusa por los crímenes de Campo de Mayo. Si sólo acusás a aquellos que eran directores, por ejemplo de las escuelas de infantería de Campo de Mayo, esos hombres tienen hoy alrededor de ochenta años. Se van a quedar ahí, siempre son los mismos los acusados. Nunca van a ir para abajo, salvo algún caso puntual que fue reconocido. En general son policías de muy bajo rango. Esta no es la forma de juzgar los crímenes. Se hace de cuenta que se juzga.

JP: Parece una continuación de la obediencia debida, en términos de sólo juzgar hasta un determinado rango…

AC: Sí, desde el punto de vista del poder judicial, sí. Se juzga a los altos rangos, algún caso de mano propia reconocido, los de la ESMA que son paradigmáticos, alguno que otro más y listo. No avanzan más porque sería apuntar al corazón mismo de las fuerzas represivas y evidentemente el gobierno de Kirchner necesita a esas fuerzas represivas para poder acallar y aplacar las luchas de hoy, por salario, por puestos de trabajo. Si no, ¿quién reprime? El freno en la investigación de Julio López tiene que ver con eso. Esto no fue sólo por miedo o impotencia, sino porque los necesita para reprimir. Al mismo tiempo que sucedió lo de López, la misma policía estaba reprimiendo a los obreros de Mafisa, por darte un solo ejemplo.

JP: Ustedes ven una continuidad entre las luchas de los '70 y las luchas de hoy…

AC: Por supuesto. Desde ya que como sobrevivientes tenemos una motivación particular para exigir los juicios, pero no ése el motivo principal. Si estuvimos secuestrados fue porque éramos militantes, por algo fue. Nuestra consigna es que nos desaparecieron porque luchamos y porque aparecimos, seguimos luchando. Seguimos manteniendo las banderas por las que luchábamos en ese momento. Y tenemos perfectamente claro que esas banderas no van a ser alcanzadas mientras los represores sigan impunes. Y esta impunidad tiene un objetivo político. Es una cuestión concreta: necesitan las fuerzas represivas para aplicar una política económica que tiene la misma esencia. Por eso estamos en esta lucha, no es por darnos la satisfacción personal de que nuestro torturador personal vaya a parar a la cárcel. La verdad que ya estos represores son viejos, no tiene ninguna incidencia. Lo que importa de estas causas es generar conciencia de qué fue lo que ocurrió en nuestro país. Por suerte, ahora hay profesionales e intelectuales que se han dedicado desde las ciencias sociales a analizar lo sucedido. Se puede ver que las detenciones tenían un objetivo muy concreto no se secuestraba a cualquiera, el grupo a ser aniquilado no era cualquiera. Tenemos que entender que la lucha la de los ‘70 es la misma que la actual. Por eso es tan importante que en ¡Justicia Ya! haya abogados que defiendan los derechos de los presos políticos actuales.

JP: En el último tiempo apareció en los diarios que se hacía público el listado de nombres de todos los miembros que integraban el Batallón 601 ¿qué piensan al respecto?

AC: Lo primero que decimos es que este hecho demuestra claramente que nuestros reclamos, de que se abran los archivos, son absolutamente justos. Entonces, la primera pregunta es, si este es el gobierno de los derechos humanos, ¿por qué tardó siete años en abrir los archivos? La segunda pregunta es ¿por qué sólo el Batallón 601? Y la tercera es ¿qué más va a hacer el gobierno, además de dar los nombres? ¿Por qué no impulsa que los fiscales los enjuicien? Además nos preguntamos, ¿por qué sólo los nombres? Necesitamos las carpetas de cada uno, los legajos. Es como siempre, parcial.

Fuente original: http://www.razonyrevolucion.org/ryr/index.php?option=com_content&view=article&id=669:se-hace-de-cuenta-que-se-juzga-entrevista-a-adriana-calvo-asociacion-ex-detenidos-y-desaparecidos-por-razones-politicas-julieta-pacheco&catid=132:el-aromo-no-53-qa-seguir-pagandoq&Itemid=120